Ministro Héctor Carreño las presentará hoy a sus pares
y buscan unificar procedimientos en los juzgados:
Corte Suprema evaluará medidas
para mejorar gestión de los tribunales
de familia
El magistrado recibió ayer a miembros de la
organización Amor de Papá, críticos del actual sistema.
Viernes 25 de julio de 2008
El Mercurio
XIMENA PÉREZ y RICARDO DOWNEY
Noticia
Original
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CITA.–
Los miembros de Amor de Papá le entregarán al ministro Carreño
un dossier con 10 casos en que denuncian abusos de juezas y
funcionarios de los tribunales.
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"Viene una nueva etapa en el funcionamiento de
los tribunales de familia"
HÉCTOR CARREÑO
Ministro Corte Suprema
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Una serie de medidas orientadas a mejorar la gestión en
los tribunales de familia presentará hoy al pleno de la Corte Suprema el
ministro Héctor Carreño, encargado en el máximo tribunal de supervisar
las modificaciones a dicho sistema.
La mayoría de las propuestas del magistrado -quien ha
estado estrechamente vinculado a la justicia de familia desde su inicio-
apuntarían a estandarizar procedimientos en los tribunales, tanto respecto
a la tramitación de las causas como al manejo interno de los juzgados.
En ese sentido, por ejemplo, se plantearía establecer
algunos criterios comunes respecto a la duración de las audiencias, la
forma de presentar demandas o escritos, enviar oficios o retirar documentos,
así como en el proceso para atender al público.
Otra de las propuestas se enfocaría a la capacitación
de los jueces de familia en las nuevas normas que entrarán en vigencia y la
actualización de conocimientos, para que exista uniformidad entre los
magistrados
Además, se buscaría rescatar el principio de oralidad,
que es una de las bases de la justicia de familia. Éste, según
profesionales ligados al sector, se estaría viendo perjudicado por la
demora entre audiencias que lleva a los litigantes a tramitar gran parte de
las causas a través de la presentación de escritos.
El ministro Carreño considera que "viene una nueva
etapa en el funcionamiento de los tribunales de familia", superada ya
la crisis inicial del sistema.
"Estos meses que han pasado constituyeron una
situación si usted quiere llamarlo de crisis, llamémoslo de crisis, pero
eso fue por el impacto inicial que produjo un sistema mal diseñado, y que
afectó a todo el mundo", reconoció a "El Mercurio".
Agregó, sin embargo, que ese periodo de crisis se
"soportó" bien "y viene la segunda etapa en que con la nueva
ley (ver nota abajo) yo confío en que vamos a poder cambiar la
situación".
Ayer, el magistrado recibió al presidente de la
organización Amor de Papá, David Abuhabda, y al abogado de la entidad,
José Luis Bravo, quienes se comprometieron a entregarle un dossier con
antecedentes de 10 casos "emblemáticos" en que ellos denuncian
irregularidades y abusos por parte de funcionarios de los juzgados y juezas.
Al término de la cita, los miembros de Amor de Papá
dijeron sentirse confiados en que el ministro Carreño tiene la capacidad
para "hacer los cambios" que requiere el sistema.
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EX JUEZA.–
Cuarta en su promoción universitaria, Carla Alfaro puso término a
cinco años en el Poder Judicial. |
>> Jueza renunció por falta de marco jurídico
para fallar
Hasta el domingo pasado, Carla Alfaro Muirhead fue una de
las ocho magistrados del Primer Juzgado de Familia de Santiago, tribunal
emblemático de esta nueva justicia especializada por ser precisamente allí
donde primero se evidenciaron los problemas de atochamiento de denuncias y
causas, y que generaron la crisis del sistema.
Pero no fue la sobrecarga de trabajo lo que llevó a esta
joven abogada de la Universidad de Chile a presentar su renuncia a la
magistratura, sino el comprobar que el sistema de justicia de familia
adolece de problemas de fondo y que toda su preparación y experiencia no
eran suficientes para dar solución jurídica a situaciones muy complejas
que exceden el marco legal.
Explica que si bien hay materias -como divorcio y
alimentos- que están regladas, hay otras -como violencia intrafamiliar,
protección de menores, régimen de visitas- que no están debidamente
determinadas, salvo para definir los parámetros de riesgos, pero esto
último muchas veces los jueces deben evaluarlo sin los elementos
necesarios.
"El problema es que debemos tomar decisiones sin que
exista una ley sustantiva, sin un código de familia. Debemos hacer de
sicólogos, de asistentes sociales, pues las personas llegan al tribunal con
la denuncia en la mano, sin haber pasado antes por un filtro, alguna
instancia, que podría ser la municipalidad, que los ayude a solucionar sus
problemas, pero llegan directo ante un juez que no les puede dar una
respuesta jurídica".
Si a eso se suma que las redes de apoyo generalmente no
funcionan en los tiempos adecuados, en lo que se refiere a exámenes y
peritajes, todo se traduce en que los jueces de familia asuman una carga muy
grande con un alto costo personal, asegura Carla Alfaro.
Por eso, su llamado es a que el Congreso elabore leyes
sustantivas y que normen materias hasta ahora no reguladas, ya que hace
falta un marco legal que dé pautas a los jueces para poder actuar.
También cree que las escuelas de Derecho deberían
involucrarse más en el tema, con talleres de mediación.
>> En el TC ley que fortalece el sistema
Debió haber salido en marzo o abril tras una larga
tramitación, pero ya está en el Tribunal Constitucional la ley aprobada en
el Congreso que fortalece la justicia de familia.
En lo medular, para enfrentar el elevado número de
causas y la sobrecarga de trabajo de los tribunales, la iniciativa legal
refuerza el sistema con 95 nuevos jueces, pasando de los actuales 258
magistrados a 353 en todo el país. También se eleva a más de 600 el
número de funcionarios
Además, los recursos se incrementan fuertemente ya que
el presupuesto crece en dos tercios, llegando a 49 mil millones de pesos en
régimen.
La ley contempla también cambios importantes en los
procedimientos, ya que establece la mediación obligatoria para algunos
casos.
Esto, sin embargo, requiere un cambio cultural en la
gente que llega hasta los tribunales en busca de un juez que les solucione
los problemas; por lo tanto, la obligatoriedad será aplicada gradualmente
en un plazo de 15 meses, hasta que el sistema sea aceptado.
Las autoridades esperan que con el reforzamiento de
personal, la mediación obligatoria, así como contar con asistencia legal
para interponer demandas, durante el transcurso de este año se comiencen a
acortar los plazos de tramitación y se reduzca el atochamiento por las
causas atrasadas.
